Decisiones tomadas en activo y responsabilidad cuando la sociedad se detiene

Introducción

Cuando una empresa funciona, casi nadie piensa en su fin. Se gobierna pensando en crecer, en aguantar, en resolver el siguiente reto. Al igual que ocurre con la salud, el pensamiento sobre lo que puede venir después sólo aparece cuando las circunstancias se imponen.

Entre 2020 y 2024 se han creado en España más de 500.000 empresas. El 77% siguen activas. El 23% ya no opera. El dato es conocido. Lo que no siempre se pone sobre la mesa es qué ocurre con las decisiones tomadas cuando todo funcionaba y cómo éstas pueden generar responsabilidad cuando la sociedad se detiene.

Porque la actividad de una empresa puede cesar por muchos motivos -concurso, disolución, inactividad o extinción- pero la responsabilidad de los administradores no desaparece necesariamente con el paro. El tiempo, el cambio de cargo o incluso la salida de la empresa no borran el rastro del gobierno ejercido.

Este artículo parte de los datos de INFORMA D&B para abrir una reflexión de criterio: cómo se analiza la responsabilidad directiva cuando la sociedad ya no está en activo, pero las decisiones que la gobernaron siguen siendo revisables.

Cuando la sociedad está activa: la responsabilidad visible

Mientras la sociedad opera con normalidad, la responsabilidad del administrador es, aparentemente, clara y conocida:

• Deber de diligencia y lealtad.
• Toma de decisiones informada.
• Cumplimiento normativo mercantil, fiscal, laboral, medioambiental y de datos.
• Deber de transparencia con socios y terceros.

Es la responsabilidad en presente. La que acompaña al día a día del gobierno.

Sin embargo, incluso en esta fase, muchas decisiones tienen efectos diferidos.

Contratos, financiación, políticas de personas, riesgos mal atendidos, inversiones u omisiones que sólo mostrarán consecuencias cuando la empresa entre en tensión.

Gobernar bien no es sólo acertar hoy. Es dejar rastro de criterio.

Cuando la empresa deja de operar, pero no se cierra

Según el estudio de INFORMA D&B, de las más de 116.000 empresas que han dejado de operar en los últimos cinco años, el 67% no ha comunicado oficialmente su situación.

Aquí aparece una zona gris especialmente relevante:

• Sociedades inactivas sin disolución formal.
• Hoja registral cerrada por crédito incobrable.
• Incumplimiento de depósito de cuentas.
• Empresas “silenciosas”.

En estos casos, la actividad se detiene, pero la sociedad sigue existiendo jurídicamente.

Y con ella, también lo hace la responsabilidad del administrador.

La no decisión —no disolver, no comunicar, no ordenar el cierre— es también una decisión. Y puede generar responsabilidad futura frente a:

• Administración tributaria.
• Acreedores 
• Socios 
• Terceros afectados.

Concurso, disolución o extinción: no todos los finales son iguales

Los datos muestran que sólo un 0,22% de los ceses fueron concursales. Otro 0,22% corresponde a disoluciones formales. Las extinciones superan el 4%.

Esto indica una realidad incómoda: el concurso no es el camino habitual, pese a ser el instrumento legal previsto.

Desde el punto de vista de gobernanza, los escenarios son muy distintos:

Concurso de acreedores

• Momento de máxima exposición del criterio directivo.
• Análisis retrospectivo de decisiones previas.
• Posible derivación de responsabilidad por calificación culpable.

Disolución ordenada

• Reducción de riesgos si se realiza a tiempo.
• Cumplimiento formal como elemento protector.

Cierre de la hoja registral o extinción tardía

• Incremento del riesgo personal.
• Percepción de dejadez o mala praxis.

El fin de la empresa es, a menudo, el momento en el que se revisa toda la trayectoria del gobierno.

Dejar el cargo no es dejar la responsabilidad

Uno de los errores conceptuales más habituales es pensar que el cese del administrador pone fin a su exposición.

No es así.

• Las decisiones tomadas durante el mandato siguen siendo analizables.
• Las omisiones también.
• El plazo de prescripción juega en contra del corto plazo mental con el que a menudo se gobierna.

Esto es especialmente relevante en empresas que cierran años después de determinadas decisiones clave.

La responsabilidad es retrospectiva. Y personal.

Administradores de derecho y administradores de hecho: cuando el gobierno real no coincide con el cargo

No todas las responsabilidades proceden únicamente del nombramiento formal. El derecho mercantil reconoce también la figura del administrador de hecho: aquella persona que, sin constar oficialmente como administrador, ejerce una influencia decisiva y continuada en el gobierno de la sociedad.

En la práctica, esto puede incluir:

• Socios mayoritarios que dirigen o condicionan decisiones clave.
• Personas que pueden nombrar o cesar a administradores de manera efectiva.
• Direcciones que actúan sin autonomía real del órgano formal.

Cuando la sociedad se detiene y analiza su pasado, no sólo se mira quién constaba en el Registro, sino quién gobernaba realmente.

Esta realidad es especialmente frecuente en pymes y en fases iniciales de proyectos empresariales.

Apunte específico: startups y responsabilidad ante los socios

En el ecosistema startup este debate es aún más crítico.

• Capital avanzado por socios e inversores.
• Expectativas de crecimiento rápido.
• Gobiernos a menudo jóvenes y poco estructurados.

Cuando una startup deja de operar, la pregunta no es sólo por qué ha fallado el modelo, sino:

• Cómo se ha informado a los socios.
• Qué criterio se ha seguido en el uso del capital.
• Si se han documentado las decisiones.

El fracaso empresarial puede ser legítimo. El desorden en el gobierno, no.

Y es aquí donde muchos fundadores descubren tarde que la responsabilidad no depende del tamaño, sino del rol.

Cuando quien se para es el/la administrador/a: responsabilidad que no se extingue con la persona

Hasta aquí, la reflexión se ha centrado en lo que ocurre cuando es la sociedad la que se detiene. Pero hay otra circunstancia menos pensada e igualmente relevante: cuando quien se detiene es el administrador.

La muerte, incapacidad o desaparición sobrevenida del administrador no extinguen automáticamente la responsabilidad derivada del ejercicio del cargo. Las decisiones tomadas mientras gobernaba -acciones, omisiones, criterio aplicado- siguen siendo analizables si, con posterioridad, emergen daños, incumplimientos o perjuicios.

Esta continuidad no es una anomalía del sistema. Es coherente con la lógica de la responsabilidad: no responde a la persona por el hecho de vivir, sino por el hecho de haber gobernado.

Cuando la sociedad entra en concurso, se disuelve o es objeto de reclamaciones después de la muerte del administrador, el foco no se pone en su ausencia, sino en el rastro del gobierno ejercido. Y ese rastro no desaparece con la persona.

Este escenario obliga a una lectura incómoda pero necesaria: la responsabilidad directiva puede proyectarse más allá de la trayectoria vital de quien ha desempeñado el cargo. No como castigo, sino como consecuencia natural de haber asumido una función de gobierno.

Una lectura estructural de los datos

Los datos de INFORMA no hablan sólo de mortalidad empresarial. Hablan de cómo cerramos.

• Muchas empresas dejan de operar sin decidir formalmente.
• La microempresa concentra el 98% de las inactividades.
• El silencio es habitual que el procedimiento.

Esto no es sólo un dato económico. Es un dato de cultura de gobierno.

Conclusión

Gobernar una empresa es asumir responsabilidad mientras existe… y después.

La actividad puede terminarse. La responsabilidad, no necesariamente.

Anticipar el final, ordenarlo y decidirlo con criterio forma parte del buen gobierno. Tanto como crecer.

La pregunta no es si tu empresa va a continuar siempre.

La pregunta real es otra:

si hoy la actividad se detuviera, ¿qué explicaría tu gobierno -las decisiones tomadas, los silencios, los criterios aplicados- sobre ti dentro de cinco años?

Maria Torra

Consultora en responsabilidad directiva y governanza
Dracma